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De septiembre del 2016 a junio del 2017, el gobierno mexicano recuperó 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares como resultado de su lucha contra el lavado de dinero; sin embargo, para expertos estas cifras son irrisorias si se comparan con la dimensión total del problema.

De acuerdo con el V Informe de Gobierno, en este periodo de 10 meses, el gobierno desarrolló acciones con el propósito de dar seguimiento a los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El informe da cuenta de las acciones que realizó cada una de las dependencias involucradas en esta lucha: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal.

Según cifras revisadas por este medio, el presupuesto destinado entre el 2016 y el 2017 para las entidades especializadas en detectar y combatir este delito - Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; la Unidad Especializada en Análisis Financiero y la Unidad de Inteligencia Financiera sumó 614 millones 268,510 pesos, sin contar los recursos que la Policía Federal destina en apoyo al combate a este delito.

Para José Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aunque México cuenta con el marco legal para combatir este delito, los resultados todavía dejan mucho que desear.

En un país donde existen altos niveles de corrupción, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su oficina sobre drogas y crimen, calcula que el lavado de dinero debe oscilar entre 5 y 9% del Producto Interno Bruto (PIB), que son cantidades multimillonarias”, explicó el especialista.

“Cuando hablamos —agregó— de esas cantidades multimillonarias, ver estas cifras que se nos señalan en el Informe evidentemente nos están diciendo que se está trabajando, pero son cifras que se vuelven irrisorias”.

Fernández de Cevallos apuntó que México cuenta con un marco normativo robusto; sin embargo, los números demuestran que la delincuencia es la que gana en esta batalla, por los resultados que han arrojado las autoridades mexicanas.

“El marco normativo (para combatir el lavado de dinero) está dado, las autoridades están facultadas para hacerlo, pero el resultado es muy pobre, eso nos señala una deficiencia de los operadores, no estoy diciendo que sean incompetentes o que no hagan bien su trabajo, pero en el análisis de los números va ganando la batalla la delincuencia”, comentó el investigador del Inacipe.

Los números del informe

De acuerdo con el V Informe de Gobierno, de septiembre del 2016 a junio del 2017, la PGR inició seis averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se determinaron 104 averiguaciones previas y se ejerció acción penal contra 20 personas.

Asimismo, esta dependencia, inició 189 carpetas de investigación y 23 se judicializaron con vinculación a proceso 19 de 23 personas detenidas. También realizó 648,284 análisis de operaciones financieras correspondientes a 324 personas físicas y morales.

Con respecto al trabajo que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este periodo, dicha dependencia recibió 17.4 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero.

“Se incluyeron 632 personas en la lista de personas bloqueadas que emite la SHCP, de las cuales 135 se relacionan con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como 497 por otros supuestos en el ámbito nacional. En relación con estos últimos, se bloquearon saldos por 1,449.8 millones de pesos y 13.8 millones de dólares”, detalla el informe presidencial.

Fernández de Cevallos refirió que este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional realiza una evaluación a México con respecto a su combate a este delito, lo que posiblemente arroje que aunque se tiene un marco normativo sólido, los resultados todavía no son suficientes.

“En la realidad normativa estamos bien, (pero) en la práctica vemos que la realidad es diferente porque se sigue lavando mucho dinero”, explicó.

La necesidad de combatir adecuadamente el lavado de dinero es porque si no se ataca la estructura financiera del crimen organizado éste siempre será rentable y en muchos casos seguirá ganando la batalla al Estado”, añadió.

Fuente: El Economista

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