¿Cómo logró el gobierno organizado la Estafa Maestra?

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¿Cuál es el destino de los impuestos de los mexicanos? Un gobierno fiel a sus tradiciones,  justo cuando se creía que el descaro era cosa de Javier Duarte, llega el gobierno federal a recalcar que todos saben jugar a ser corruptos. Un cinismo que llevó a 11 dependencias a hacer un fraude de 7 mil 670 millones de pesos y de este monto se desconoce el paradero de 3 mil 433 millones, entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Petróleos Mexicanos y ocho universidades públicas, fue como se maquiló La Estafa Maestra.

La investigación “La estafa maestra: graduados en desaparcar” presentada por Animal Político en conjunto con México Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),  dieron a conocer que se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, de las cuales, 128 no tenían la jurisdicción para recibir dinero del estado y todavía más deplorable que presentaron irregularidades, las llamadas “empresas fantasma”.

Asimismo corroboraron que los domicilios “empresariales” eran predios abandonados, en renta, particulares o simplemente fue imposible hallarles, por lo que pedirles cuentas por el desvió de recursos a instituciones totalmente inexistentes, sería un absurdo.

Las universidades sirvieron de intermediarias, es decir, éstas cobraron mil millones de pesos de “comisión”, sólo por hacerle un favor al gobierno, quien entregaba contratos por servicios a las universidades para que posteriormente, estas los entregaran a las empresas a las que se solicitaba por “algún” servicio.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de Tabasco.

Por otro lado, Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, confirmó que  las 11 instancias del gobierno federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con las ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios públicos. Además dijo lo siguiente:

“Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”.

Cabe destacar que después de que se dio la noticia no hay un pronunciamiento claro por parte de los involucrados y lo que es peor no hay difusión puntual de esta información por parte de los medios tradicionales como periódicos impresos o las cadenas televisoras más importantes del país.

Fuente: Warp

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