Veracruz: reformar el estado de terror mexicano

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De acuerdo con el reporte Veracruz: reformar el estado de terror mexicano realizado por crisisgroup, la economía criminal del estado, se enfrenta a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala.

Se cree que al menos 2.750 personas han desaparecido en un estado cuyo exgobernador es buscado por numerosos casos de malversación. Los asesinatos de diecisiete periodistas desde 2010 son los ejemplos más notorios de un torbellino de homicidios que tuvieron como objetivo, entre otros, a profesionales jurídicos, agentes policiales, potenciales testigos de delitos y cualquier civil que se atreviera a poner freno a las ambiciones de una multitud de organizaciones criminales y sus cómplices políticos.

Según el informe, un nuevo gobernador del opositor Partido Acción Nacional (PAN) ha prometido limpiar el estado y enjuiciar a los malhechores, sembrando esperanzas de que es posible restaurar la paz.

Pero dado que la turbulencia económica amenaza al país, y la bancarrota se cierne sobre Veracruz, será fundamental un fuerte apoyo internacional para impulsar iniciativas dirigidas a encontrar los cuerpos de los desaparecidos, investigar los crímenes del pasado y transformar la fuerza policial y la Fiscalía General del Estado. Veracruz es un ejemplo emblemático de los desafíos que enfrenta el país en su conjunto.

Las amenazas del nuevo gobierno de EE.UU. de frenar las importaciones de México y reforzar la frontera para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados ponen en peligro las perspectivas económicas de su vecino del sur.

Por otro lado, detalla el informe que la corrupción y la percepción de complicidad criminal han menoscabado la legitimidad del gobierno mexicano a todos los niveles, en especial de sus 31 estados. Desde 2010, once gobernadores han sido investigados por corrupción. En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de ambas partes.

Fortalecer la integridad y la capacidad institucional en Veracruz, al igual que en el resto de México, requerirá que los niveles estatal y federal cumplan sus promesas de trabajar en alianza para contener la corrupción, y dependerá de su voluntad de renunciar a las ventajas políticas y electorales a corto plazo. Con la elección del nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, perdió el poder en el estado por primera vez en más de 80 años.

Pero el PRI actualmente, tiene el control a nivel federal y ha mostrado un compromiso vacilante con los planes reformistas de Yunes, en buena parte debido a la importancia de obtener votos de la región, la tercera más poblada del país, en las elecciones presidenciales de 2018. Con la aceptación de que Veracruz se ha convertido en sede de crímenes de lesa humanidad, el nuevo gobierno estatal impuso un quiebre radical con el pasado reciente.

En su conjunto, las arcas vacías del estado, el breve mandato del gobernador, la puja por las elecciones presidenciales y la amenaza que parece presentar un gobierno estadounidense poco ortodoxo representan una serie de obstáculos y distracciones que no se debería permitir que impidan a Veracruz salir del silencio y el terror.

Leer reporte completo aquí.

Fuente: crisisgroup.org

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